Hasta ahora ha bastado la liberalización de las fuerzas del mercado (preciso libres), la estabilidad macroeconómica y la apertura comercial y financiera, para generar elevadas tasas de crecimiento en la última década. Ello además, ha sido ayudado por un entorno internacional favorable en el último quinquenio, descontando la crisis internacional de 2009.
Sin embargo, las mismas políticas aludidas no serán suficientes para sostener elevadas tasas de crecimiento en la próxima década.
La política económica, en un sentido más amplio, tiene diversos frentes. La política pública de ésta administración no se debe agotar en la “inclusión social”. No basta. Debemos darle sentido de urgencia también a la mejora de los servicios públicos y la competitividad.
El Estado peruano se ha convertido en el primer factor que afecta negativamente la calidad de vida del ciudadano y la competitividad de las empresas que operan en el país.
Los indicadores de cobertura y calidad de los servicios públicos no están a la altura de la política macroeconómica y las políticas regulatorias de los sectores modernos del país.
Por un lado, podemos tener, en relación a sus pares regionales, relativamente buenas instituciones públicas como el MEF, BCRP, SBS, Organismos reguladores, Indecopi.
Por otro lado, no tenemos buenos ministerios o instituciones públicas que brinden los servicios de seguridad interna, salud, educación y justicia. Tampoco el tema de competitividad, que en un sentido efectivo tiene que ver con la infraestructura y las pymes del Perú, parece estar entre las prioridades del gobierno.
Una posible explicación es que las instituciones las crean los interesados. Las primeras son necesarias para el buen funcionamiento del mercado en los sectores modernos del país. Las segundas no tienen quién las demande. En teoría, el sistema político debería ser capaz de representar las demandas ciudadanas y presionar para un cambio en los servicios públicos. Pero en el Perú no es así.
Ello desnuda la fuerte debilidad del estado, que incluye al poder ejecutivo y legislativo, para enfrentar con éxito los reclamos ciudadanos. La gente se siente abandonada por una clase política incapaz de conectar con sus preocupaciones básicas. Por eso, en parte, los presidentes de distintos gobiernos mantienen elevadas tasas de desaprobación.
