Si éste será recordado como el gobierno de la inclusión social, el próximo deberá serlo por ser el de la mejora de los servicios públicos y la competitividad.
A estas alturas, el Estado peruano se ha convertido en el primer factor que afecta negativamente la calidad de vida del ciudadano y la competitividad de las empresas que operan en el país. LEER MAS »
Deja un comentarioLos discursos del Ejecutivo ante Congreso establecieron metas concretas para el nuevo gobierno. Esto motivó que en Macroconsult desarrolláramos una evaluación preliminar sobre la factibilidad de cumplirlas. La idea de este post es publicar algunas de las conclusiones de dicho análisis. Se han incluido 12 metas, que corresponden a un subconjunto de la totalidad de objetivos planteados por el gobierno.
En estricto, se incluyen únicamente aquellas susceptibles de ser analizadas en indicadores concretos y cuantificables con información pública. El resumen de las metas se presenta en el cuadro 1, organizadas en torno a cuatro sectores: pobreza, salud, educación y servicios sociales. Así, en la primera columna del cuadro se presenta el sector, en la segunda la meta expresada en términos de un indicador concreto, en la cuarta columna el valor de línea de base considerado (2010) y en la quinta columna el valor anunciado para el 2016. Al final del cuadro, se presenta el resumen de la evaluación realizada en colores: verde (fácil de cumplir), amarillo (factible, pero implicará un reto para el gobierno), rojo (poco probable, dadas las tendencias actuales). LEER MAS »
Deja un comentarioEn el artículo anterior hablamos sobre las dificultades de presupuesto y focalización de los programas sociales. Un tercer problema prioritario es la desarticulación de los mismos. Ello ha llevado a que existan múltiples superposiciones entre las diferentes acciones del Estado, sobre todo en el área nutricional y de seguridad alimentaria. Muchos programas que persiguen el mismo objetivo generan no sólo una pérdida innecesaria de recursos, sino que pueden distorsionar la estructura de incentivos de cada programa, reduciendo la eficacia media de la política social.
Esto es algo que ya ocurre y probablemente se agrave si es que, por ejemplo, Juntos y Pensión 65 no se articulan adecuadamente. Como se ha anunciado, el objetivo del gobierno es ampliar Juntos a los 800 distritos más pobres (lo cual no es un problema tomando en cuenta que ya actúa en casi 650) e implementar progresivamente Pensión 65 en estos mismos 800 distritos. Como resultado, es muy probable que un hogar perciba dos tipos de transferencias: una condicionada a la acumulación de capital humano recibida por la madre y una incondicionada recibida por el abuelo o abuela. Sin una adecuada articulación es razonable suponer que esta segunda transferencia distorsionará en alguna medida los incentivos del hogar por invertir en la educación y la salud de sus hijos (fin último de un programa como Juntos), reduciéndose la eficacia media de este programa.
2 ComentariosEl discurso del 28 de julio definió, o por lo menos sugirió, la importancia que tendrán los programas sociales como una de las estrategias centrales del gobierno para lograr sus objetivos de “crecimiento económico con inclusión social”. Conceptualmente es un acierto reconocer en los programas sociales las herramientas con las que cuenta un Estado moderno para redistribuir la riqueza de un país, reducir sus brechas sociales y mejorar la distribución de oportunidades de sus ciudadanos.
Sin embargo, más allá de los conceptos, los detalles del discurso no dieron la impresión de un diagnóstico adecuado de la problemática de la política social en el Perú. Por el énfasis dado en el mensaje, pareciera que no se le está prestando la debida atención a los problemas de gestión. En este post, mi intención es someter al debate algunas debilidades en los programas sociales que a mi juicio son las más urgentes de atender por el nuevo gobierno.
En efecto hay un problema de presupuesto. A pesar del incremento en los últimos años (casi 100% en el último lustro), el presupuesto social en el Perú permanece alrededor del 7% del PBI con una fracción muy pequeña de ese monto (alrededor del 25%) dedicada a programas de lucha contra la pobreza. Estas cifras nos ubican (ya hace varios años) en la cola la distribución de América Latina. Por ello, en principio, los esfuerzos (fiscalmente prudentes) por ampliar el presupuesto social son bien recibidos, pero deben entenderse como incompletos (en el mejor de los casos) o ineficaces (en el peor de ellos) si es que no vienen acompañados con mejoras en la focalización del gasto. En caso contrario, el actual o el mayor gasto de lucha contra la pobreza no llegará a quienes deben llegar en las dimensiones y medidas presupuestadas para ello. LEER MAS »
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