En el artículo anterior hablamos sobre las dificultades de presupuesto y focalización de los programas sociales. Un tercer problema prioritario es la desarticulación de los mismos. Ello ha llevado a que existan múltiples superposiciones entre las diferentes acciones del Estado, sobre todo en el área nutricional y de seguridad alimentaria. Muchos programas que persiguen el mismo objetivo generan no sólo una pérdida innecesaria de recursos, sino que pueden distorsionar la estructura de incentivos de cada programa, reduciendo la eficacia media de la política social.
Esto es algo que ya ocurre y probablemente se agrave si es que, por ejemplo, Juntos y Pensión 65 no se articulan adecuadamente. Como se ha anunciado, el objetivo del gobierno es ampliar Juntos a los 800 distritos más pobres (lo cual no es un problema tomando en cuenta que ya actúa en casi 650) e implementar progresivamente Pensión 65 en estos mismos 800 distritos. Como resultado, es muy probable que un hogar perciba dos tipos de transferencias: una condicionada a la acumulación de capital humano recibida por la madre y una incondicionada recibida por el abuelo o abuela. Sin una adecuada articulación es razonable suponer que esta segunda transferencia distorsionará en alguna medida los incentivos del hogar por invertir en la educación y la salud de sus hijos (fin último de un programa como Juntos), reduciéndose la eficacia media de este programa.
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