A cualquier usuario que quiera trasladarse desde un lugar a otro solo le basta levantar la mano para tener a su disposición algún vehículo que le ofrezca el servicio de transporte. La demanda diaria asciende a 12.2 millones de viajes motorizados, que es abastecida con un parque automotor de 1.2 millones de vehículos (ver Gráfico 1). De este parque, aproximadamente el 3% corresponde al transporte público (microbuses, combis y ómnibus)

No obstante, el mencionado usuario pierde mucho tiempo en trasladarse. La velocidad en las vías expresas baja hasta 20 kph, en las horas punta, cuando el máximo es de 80 kph.      

Las soluciones planteadas hasta el momento son de largo plazo y van por el lado de la oferta, que consisten en pasar de un sistema capilar a un sistema de rutas tronco-alimentador, lo que implica inversión en infraestructura. Sin embargo, la implementación de este sistema toma su tiempo, mientras tanto, anualmente ingresan más de 60 mil vehículos ligeros al parque automotor de Lima.

Recientemente, la Municipalidad Metropolitana de Lima publicó la Ordenanza Municipal N° 1599,  que es una medida por el lado de la oferta que busca ordenar el servicio de transporte público urbano (Ver Gráfico 2). Va en la dirección correcta del ordenamiento del servicio de transporte público, pero se requiere de medidas complementarias.

 

Fuente: Reporte Semanal – Macroconsult

España no fue una excepción. Cerró el año 2011 con una caída del PBI de 0.3%, el desempleo afectó a 1 de cada 5 españoles— uno de cada dos entre la población joven —, el déficit del sector público llegó a 8.5% del PBI, y ,si bien la deuda pública se mantuvo en niveles confortables (respecto del PBI), el sector privado acumuló una deuda externa pronunciada a través de bancos domésticos .Este aumento del tamaño de las hojas de balance de los bancos no fue acompañada por un crecimiento en el capital de los bancos. Además, el mercado mayorista de recursos estaba cerrado y el costo de los bonos soberanos aumentó. 

El nuevo gobierno que tan pronto asumió funciones a fines del año pasado decidió, ” adoptar medidas para reducir drásticamente el déficit fiscal, liberalizar el mercado laboral— para persuadir a empresas en problemas a disminuir salarios pero tratar de mantener el empleo — y consolidar la posición patrimonial de los bancos en unos € 54000 millones. Particularmente en el área fiscal se cortaron los gastos en € 15000 millones para 2002 sentando la base para reducir el déficit a 5.3% del PBI en 2012 y 3 % del PBI en 2013. El presupuesto para 2012todavía tiene una brecha por cerrar de gastos de entre € 20,000-40,000 que se están identificando en salud, educación y en los gastos de gobiernos regionales. 

Sin embargo estas medidas han demostrado ser insuficientes. El Fondo Monetario Internacional (FMI) en su último documento sobre las perspectivas internacionales WEO del mes pasado proyecta un déficit de 6% del PBI en 2012, de 5.7% del PBI en 2013 y que no bajará del 3% del PBI hasta, al menos, el año 2018. El PBI cayó en 0.3% en el primer trimestre del año—que aunado a  la caída de 0.4% en el último trimestre de 2012—permite afirmar que España nuevamente está oficialmente en una recesión (“doublé deepining recesión”)¹ . Los bancos tienen unos “activos tóxicos” (cartera pesada) en construcción y mercado hipotecario equivalente a € 380,000 millones (35% del PBI). La semana pasada Standard & Poor’s (S&P) redujo la calificación de la deuda soberana en dos grados de A/A1 a B+/A2 es decir al límite más bajo de la calidad de investment-grade. Dos días después $&P redujo la calificación de 11 bancos españoles (incluyendo los más grandes). La tasa de interés de los bonos soberanos está alrededor de 6% durante las últimas semanas². El índice bursátil ha fluctuado pero con clara tendencia hacia a la baja—esta semana llegó al punto más bajo que se observó en la crisis de 1990.

Las autoridades han decidido en contra de solicitar un programa de rescate a la troika como lo hizo Grecia, Portugal, e Irlanda. El programa de las autoridades está en proceso de construcción en este momento (“aprobaremos una reforma por semana”). Comentaré los avances en el diseño e implementación del programa En este artículo me referiré a “la trampa de austeridad“ dejando para los próximos artículos temas como la situación bancaria y posibles cambios en la regulación bancaria y la posible introducción de euro-bonos.

La trampa de austeridad

La austeridad es un elemento fundamental en todo proceso de ajuste y se considera esta como una medida inevitable y conveniente. Sin embargo está surgiendo una preocupación sobre la escala y el lapso (timing) en que se debe hacer el ajuste en un país como España. En España, a diferencia de Grecia, los problemas no se iniciaron con un gasto público descontrolado si no, como en Irlanda, con la ruptura de una burbuja de crédito e hipotecaria. Tratar de resolver el problema solamente con austeridad en una economía que se reduce en tamaño debido a una crisis profunda en el sector privado puede resultar en una receta para profundizar la recesión que muy bien podría deteriorar aún más la situación fiscal. En este sentido el ajuste fiscal podría hacerse durante un período más largo al mencionado en párrafos anteriores y hacer algo para compensar sus posibles efectos negativos. Los Fondos Estructurales de la Unión Europea y los del Banco de inversiones Europeo pueden ayudar a mantener la inversión. Además el Banco Central Europeo deberá mantener laxa la política monetaria y los países superavitarios, como Alemania y Holanda, deberán implementar políticas expansivas al mismo tiempo para limitar los efectos sobre el crecimiento³.

Futuros problemas en la eurozona

La pregunta que flota en el ambiente es si España es el país en la zona que enfrenta la crisis más seria en este momento. Para responder a esta pregunta debemos esperar a los resultados de las elecciones francesas el próximo domingo. Francia es un país con un desequilibrio fiscal consuetudinario (el último año que tuvo equilibrio fue en 1974), con un gasto público elevado, una deuda creciente, unas exportaciones estancadas y con desequilibrios estructurales pronunciados en el mercado laboral. Para complicar la situación, se reporta que los “Hedge Funds” tienen una posición larga en bonos soberanos franceses es decir que están listos para vender bonos si el resultado de las elecciones afectara negativamente la confianza. También habría que esperar a los resultados de las elecciones en Grecia el mismo domingo.

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[1] Oficialmente recesión se define como dos trimestres consecutivos con tasas negativas de crecimiento.

[2] Para una economía en recesión una tasa de 6 % es insostenible bajo cualquier estándar.

[3] La última reunión de la UE en 2011: el post-mortem, Humberto E.Arbulú-Neira, El Optimo de Pareto, 3/1/2012

Medido en dólares de paridad de poder de compra (PPP en inglés), en 2010 el PBI per cápita de Perú fue de US$ 9,493, a mitad de camino entre el chileno y el boliviano, US$ 15,040 y US$ 4,604 respectivamente. Tomando en cuenta el desempeño en 2011 y el esperado en 2012, el Perú ha seguido avanzando más rápido que nuestros vecinos en mención. 

Si dividimos al Perú por departamentos y los agrupamos en 3 grupos, desde el más próspero hasta el menos desarrollado, tenemos los siguientes resultados: 

• En 2012, un tercio de los departamentos del Perú ya tiene un PBI per cápita (dólares PPP) similar al chileno en su conjunto.
• Los otros dos tercios presentan  niveles parecidos al boliviano.
• En los últimos 10 años la velocidad de crecimiento del primer grupo ha sido notable, mientras que la de los otros dos ha sido más bien modesta.

En los departamentos del primer grupo (en general de la costa peruana, salvo Tumbes, Piura y Lambayeque) viven cerca de 15 millones de personas; mientras que la población chilena es de casi 20 millones. Por otro lado, en el segundo y tercer grupo de departamentos (casi todos de la sierra y selva del país, salvo Madre de Dios) viven otros 15 millones de personas; mientras que la población boliviana es de casi 10 millones.

Nuestra costa tiene las ciudades más desarrolladas del país: mejores servicios públicos (electricidad, agua, comunicaciones) y familias con mayores niveles educativos y de ingresos. Es decir, tenemos nuestro propio “chile”. Esta zona viene creciendo a tasas elevadas y concentra gran parte de la industria, servicios e ingresos del país.

Los niveles de pobreza, aunque vienen disminuyendo gracias al dinámico crecimiento de los últimos años, son todavía elevados. Ahí nos parecemos mas a Bolivia, sobretodo en la sierra y selva y en particular en las zonas rurales de éstos ámbitos geográficos. Tenemos familias con bajos niveles de acceso a servicios públicos, menores niveles educativos promedio y bajos ingresos, nuestra propia “bolivia”. 

En otras palabras, en 2012, tenemos la mitad de la población peruana con el PBI per cápita chileno y la otra mitad con el PBI per cápita boliviano. Es decir, un gran mercado de consumo en evolución y un gran reto de inclusión social con claras referencias al territorio y la geografía.

Por ciento, el año pasado pasamos a ser la sexta economía de América Latina.

Operación de reducción de deuda con el sector privado

El plan tiene las siguientes características: los 205,000 millones de euros de la deuda actual, sujetos a negociación² después de la reducción, llegarían a ser el 129% del PBI en 2020 luego del corte acordado de 53.5% del valor facial³. Los acreedores recibirán 31.5% de su principal en veinte nuevos bonos del Gobierno de Grecia, con vencimientos entre 11-30 años y el resto en letras de corto plazo emitidas por el Fondo Europeo de Estabilización Financiera (FEEF)⁴. El cupón del nuevo bono será de 2% hasta febrero de 2015, 3% para los siguientes 5 años y 4.3% hasta 2042.

Algunas observaciones son obligadas: 

• En los países donde se han implementado programas de reducción de la deuda como parte de una reestructuración exitosa de la misma, previamente se implementaron programas de ajuste y reformas estructurales que permitieron fortalecer los sectores fiscales externo y financiero, y consolidar la competitividad externa. Solamente cuando el ajuste y las reformas estructurales estaban afianzadas y se conocía la brecha a financiar es que los gobiernos negociaron los planes de reducción de deuda. Los ejemplos más claros son algunos países latinoamericanos, como México y Perú, que solamente implementaron los llamados Bonos Brady después de varios años de avances en los campos de ajuste y reformas estructurales.
• No existe una justificación a priori académica o no académica para que una deuda equivalente al 120% del PBI en 2020 sea considerada sostenible en Grecia. Por ejemplo, el acuerdo de estabilidad de la Unión Europea limitaba la deuda al 60% del PBI (sin una justificación clara). Un asunto que podría ser menor pero no lo es cuando los recursos son escasos, es que los números sugieren que con el corte acordado entre las autoridades griegas y el sector privado, la deuda llegaría al 129% y no al 120% del PBI en 2020.
• Es muy difícil determinar la brecha a financiar que quedaría luego de implementar la reducción de deuda porque los efectos de la reducción son muy sensibles a desarrollos futuros. Por ejemplo, un ejercicio de simulación sugiere que si la tasa de crecimiento de la economía fuera cada año un punto porcentual menor al perfil implícito en el acuerdo la deuda, esta podría llegar al 145% del PBI en 2020.

El segundo programa con la troika

El apoyo de la troika para el segundo programa financiero será de 130,000 millones de euros; de este total, el FMI aportará 28,000 millones de euros. Este apoyo se brinda teniendo como telón de fondo a una economía que comienza a resolver sus desbalances fiscales y externos, pero a costo de una recesión profunda. En efecto, el producto real ha caído más de 13% en términos reales desde 2009. La inversión privada fue el mayor factor de la recesión en 2009 y el sector público lo fue desde 2010. Con las caídas de ingresos y de empleo no es de sorprender que el consumo haya sido el más importante factor generador de la recesión en 2011.

Las ganancias de competitividad no son evidentes para la economía como un todo y el déficit de la cuenta corriente externa permanece alrededor del 10 % del PBI. El crecimiento de la productividad se tornó positivo a finales del año pasado, pero al costo de un crecimiento del desempleo. El lento ajuste, a pesar de la recesión profunda, se debe a rigideces de precios y salarios en el mercado laboral y en el de productos.

El déficit fiscal ha disminuido en 6 ½ puntos porcentuales del PBI entre 2009 y 2011, a pesar de la recesión aunque el déficit primario permanece en niveles mayores al de largo plazo. La recesión y pérdidas resultantes de la deuda soberana en portafolios de bancos han dejado a estos últimos descapitalizados y necesitados de soporte gubernamental.

Las acciones acordadas como parte del Programa 

Las acciones incluidas en el programa son: (i) adoptar medidas para dinamizar el mercado laboral y así restablecer la competitividad externa y el crecimiento. Es fundamental reformar el mercado laboral para reducir rigideces, incluyendo a través de un incremento en la competencia, un programa ambicioso de privatización y reducción en barreras burocráticas a la inversión; (ii) mejorar la posición fiscal poniéndose como objetivo una reducción del déficit primario de 2 ½ % del PBI en 2011 a 1 % del PBI en 2012. El resultado primario será un superávit de 4 ½ % del PBI en 2013-14 para lo que el gobierno se abocará a un ambicioso programa de recaudación de impuestos; pero, aún así, se necesitarán unos recortes de gastos equivalentes a 5 ½ del PIB—incluyendo transferencias sociales; y (iii) restablecer la estabilidad del sector financiero. Con este fin, se fortalecerá el marco para resolver problemas de bancos, pero con la idea de mantener la propiedad privada de los mismos y la supervisión. Como resultado de las medidas de política antes mencionadas, se espera que la economía se contraiga adicionalmente en 4 ½-5 % en 2012 debido al efecto del ajuste fiscal y de la reforma del mercado laboral. Sin embargo, se espera que la recuperación económica comience en 2013 y que la economía se beneficie de desarrollos cíclicos en 2014-16.

El programa con la troika se lee bien en el papel, de no ser por los problemas de implementación que tienen las autoridades griegas. En el pasado, la implementación ha sido desorganizada, con retrasos y con necesidad de waivers sucesivos extendidos por el Directorio del FMI. Esta manera de actuar ha afectado negativamente la confianza del inversionista y de los otro países miembros de la euro zona que financian el programa. En la ausencia de un cambio en la forma de implementación que premie la adopción oportuna de medidas, tal como han sido acordadas con la troika, será imposible que Grecia tenga un programa que privilegie políticas que promuevan el crecimiento, tal como lo viene predicando el FMI últimamente. El crecimiento económico es indispensable para comenzar a mejorar la situación fiscal y el sistema financiero, y reducir la deuda de manera sostenible. 

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²De los cuales 70, 000 millones de euros corresponden a fondos de pensiones y de riesgo; 50,000 millones de euros a bancos griegos; 40,000 millones de euros a otros bancos; 30,000 millones de euros al Seguro Social; y  15,000 millones a de euros compañías de seguros.

³15 puntos porcentuales se cambiarán por notas de corto plazo emitidas por el FESF y 35% por bonos a 30 años que reditúan una tasa de interés de 3% entre 2012-20 y 3.75% desde 2021 hasta el vencimiento.

⁴El Fondo Europeo de Estabilidad Financiera fue creado en mayo de 2010 para proveer asistencia financiera a países miembros de la euro zona. Son instrumentos del Fondo, entre otros, la extensión de créditos a los países miembros que enfrentan dificultades financieras, y participación en el mercado primario y secundario de bonos. 

Este artículo pretende ser el coro griego que explique lo que ha sucedido en las negociaciones griegas desde noviembre pasado.

Es conveniente mencionar, desde un inicio, que lo único bueno que se puede decir de los desarrollos recientes es que Grecia evitó caer en una moratoria, cuando la troika aprobó el segundo programa de ayuda y el FMI pudo otorgar a Grecia la liquidez necesaria para que esta haga frente a un pago de 14,500 millones de euros de su deuda el pasado 20 de marzo. Los demás problemas —fiscales, estructurales y de deuda— siguen latentes por lo que es posible avizorar, cuando aún no se ha desembolsado el segundo programa de la troika (que correrá hasta 2016), que será necesario un tercer programa y probablemente otros más. Veamos ahora los tres desarrollos de política más importantes en los últimos meses: (i) el crédito de largo plazo del BCE; (ii) la reducción de deuda acordada con los acreedores privados; y (iii) el segundo programa con la troika. 

Operación de Refinanciamiento de Largo Plazo (ORLP) del BCE

El BCE puso a disposición de los bancos de la Zona Euro 500,000 millones de euros en diciembre de 2011 (equivalente al 5% del PBI de la de dicha zona) a un plazo de tres años y a una tasa de interés de 1%. Al mismo tiempo, se relajaron las condiciones exigidas a activos usados como colaterales de la operación y, en total, unos 523 bancos recibieron recursos de esta operación. Esta fue complementada por otra de 529,000 millones de euros a fines de febrero en las mismas condiciones que la primera operación, pero con niveles de exigibilidad aun menor para los activos que sirven de colateral. Unos 800 bancos recibieron recursos en esta segunda operación.

Las ORLP son medidas de expansión monetaria en toda regla para evitar problemas de financiamiento al sector privado, y que los bancos puedan enfrentar un calendario de amortización de sus deudas que está muy concentrado en los próximos meses. Aunque las ORLP cumplen con el requisito estatutario de ser recursos que no se pueden usar para compra de deuda soberana, la verdad es que ha habido ciertas filtraciones, pues algunos bancos han usado estos recursos baratos para comprar bonos soberanos en una operación típica de de carry trade—el financiamiento es a una tasa de interés menor al que reditúan los bonos que se adquieren con ese financiamiento.

El mercado financiero está claramente impresionado por esta medida monetaria no convencional que ha reducido los temores de un inminente colapso de los bancos europeos o del euro¹ . Las ORLP han disparado la demanda por acciones y bonos globales en la zona y han reducido los costos de financiamiento, especialmente para Italia y España —países cuyos desarrollos son actualmente considerados como clave para determinar si la crisis se reaviva.

Sin embargo, la medida no está exenta de debate. Si bien algunos analistas consideran que el impulso monetario era necesario para reactivar (“jump start”) el sector real y relativizan los peligros inflacionarios, señalando que es un problema para ser resuelto en el futuro; por el contrario, otros analistas señalan que con las ORPL el BCE está sembrando la semilla para una escalada de la crisis. Estos temores tienen que ver con efecto de los bancos deviniendo en dependientes de recursos artificialmente baratos, y con la resultante estructura de sus hojas de balance. Se teme un sobre crecimiento del crédito, similar al que desató la crisis, solo que ahora con un sesgo hacia los bonos soberanos, lo que complicaría aún más la ya intrincada relación entre el sistema financiero y la solvencia de los países.

En el siguiente post veremos las otras dos políticas mencionadas líneas arriba.

Una política de competitividad es de por sí un esfuerzo de largo plazo. Una gran parte de las acciones que se tienen que realizar involucran inversiones continuas en el tiempo, en infraestructura, desarrollo del mercado de capitales, gestión de los recursos humanos y desarrollo de capacidades de innovación, investigación y desarrollo tecnológico. No son políticas que respondan a  un presupuesto anual ni  a un gobierno. En realidad, esta es una materia típica de un acuerdo nacional donde se busca consenso entre entidades políticas, empresariales, laborales y sociales. Lamentablemente en el Perú, el Acuerdo Nacional no ha logrado de por sí el apoyo político para ser considerado como un foro de aceptación nacional. 

Un segundo nivel donde el tema puede ser consolidado es en el CEPLAN, organización que nació con una institucionalidad mal diseñada, la cual se reformuló, para luego caer en el juego político partidario y perder posicionamiento. Un CEPLAN renovado podría impulsar una visión de largo plazo, aunque parece difícil que lo logre si no cuenta con recursos humanos y financieros para proponer políticas de largo plazo, como las que inciden en el tema de competitividad.

En el Ejecutivo, muchas de las propuestas de políticas públicas más importantes nacen en el MEF, que para todos los efectos prácticos es una segunda PCM en el sentido de poder real. El control del presupuesto y su capacidad de veto en las inversiones públicas le dan un peso mucho mayor que cualquier otro Ministerio. Es aquí donde ha recalado el Consejo Nacional de Competitividad y, por ende, de donde nacerán las propuestas. Es un gran reto para un Ministerio que en las últimas décadas se ha caracterizado por ser el tesorero nacional, más que un líder del desarrollo económico. 

En el Ejecutivo, le siguen en relevancia los Ministerios de la Producción y Comercio Exterior, en cuanto  a las acciones directas relacionadas con competitividad empresarial. Los Ministerios de Energía y Minas y de Transporte y Comunicaciones son los principales ejes de la inversión en infraestructura, mientras que el MIDIS, Salud y Educación son los que más se relacionan con el desarrollo de la gestión de recursos humanos. Todos estos, y otras entidades públicas más, tienen que estar alineados con el Plan de Competitividad para que se logren los objetivos deseados.

El Congreso completa la gestión del Gobierno. Al igual que la obligación (fallida en la práctica), de considerar las implicancias fiscales y el impacto social y ambiental de las normas propuestas, se le debe exigir al Congreso que se mida el impacto de toda nueva legislación en la competitividad nacional. Además, debe ser una obligación de la Junta Directiva del Congreso el exigir que se cumpla con ésta y con las otras obligaciones analíticas antes de permitir que propuestas de Ley se discutan en el Pleno.

Queda el tema de apoyo a la institucionalidad privada. Aquí también hay  un gran vacío. Mientras que varias organizaciones empresariales, como CONFIEP, IPAE, COMEX, la SNI y ADEX, entre otras, impulsan temas de competitividad,  ninguna ha podido lograr un liderazgo efectivo. El sector público, por lo tanto, no cuenta con un interlocutor válido y unitario con el cual dialogar y consensuar la política de competitividad. Una opción sería crear un Consejo Privado de Competitividad, similar al colombiano, que llene este vacío.

La ideología es muy útil para aglutinar fuerzas a nivel político-ideológico y mantener entretenido a un público no especializado, pero puede ser una mala consejera de buenas políticas públicas. Las mejores políticas económicas no deben ser clasificadas como de derecha o de izquierda, eso es una etiqueta que no añade valor a la propuesta en sí misma. 

Por ejemplo, tener tasas de inflación bajas, sostenibilidad fiscal, tipos de cambio no desalineados y un sistema bancario regulado es un legado de la macroeconomía moderna, no es de izquierda ni de derecha. Y así podemos poner varios ejemplos en políticas de competitividad, políticas sociales, regulación económica y competencia, APP, etc.

El caso de la desigualdad de ingresos. Para unos no es un problema mientras la economía siga creciendo. Así, la pobreza puede disminuir, aunque la desigualdad de ingresos persista. La economía chilena, por ejemplo. Para otros, la desigualdad de ingresos se debe combatir per se. En el límite de esta postura igualitaria tendríamos que “dar a cada quien según su necesidad”. La economía cubana, por ejemplo. Otros –más economicistas- sostienen que se debe combatir la desigualdad porque ésta genera inestabilidad social y afecta la inversión y el crecimiento. Es decir, la ven como una barrera mas, que debe ser levantada, como si se tratase de mejorar infraestructura. 

Si la desigualdad de ingresos se debe en parte importante a las diferentes capacidades y grados de esfuerzo, entonces no es tan claro que deba ser combatida. Pero si se debe más a factores ajenos los mencionados, si es fruto de una casualidad -como es el hecho de nacer en una familia de pobreza extrema- las políticas públicas pueden encargarse de mejorar las oportunidades, no de excluirlas o dejarlas al azar.

Es un grave error tener metas de Gini, tipo Ceplan. Pero, una república democrática de ciudadanos libres debe combatir la pobreza y mejorar la igualdad de oportunidades, que no es lo mismo ni es igual que la de ingresos.

• Durante los últimos años, el número de emergencias atendidas por el CGBVP se ha incrementado a casi dos veces por encima del PBI promedio generando una tendencia creciente en las necesidades de atención de emergencia.

• Este crecimiento no ha sido acompañado por una reposición y modernización de las máquinas pertenecientes a las compañías del CGBVP, reflejando un desequilibrio estructural para mantener la cobertura y calidad del servicio.

• En el año 2007  existían a  nivel nacional, 579 máquinas utilizadas en la atención de servicios, es decir, 3 máquinas por cada 100 mil habitantes en promedio, lo cual es comparativamente pequeño.

• La flota de unidades especializadas  no cumple en su mayoría, con requisitos mínimos que garanticen la atención de las necesidades.  El 97% de las autobombas tiene una antigüedad mayor a quince años. La mayoría de las máquinas tiene entre 21 y 30 años, mientras que sólo el 3% tiene menos de 15 años de antigüedad. Existen  38 marcas y más de 160 modelos, lo que afecta de manera significativa la disponibilidad de repuestos, aumenta los gastos operativos y amenaza  la sostenibilidad del servicio.

• Durante los últimos 25 años, el Estado no ha dispuesto un programa estructurado de equipamiento del servicio de bomberos. La incorporación de nuevo equipamiento o la sustitución de las unidades dadas de baja ha sido realizada  básicamente a través de donaciones de equipos dados de baja en países desarrollados, lo que a su vez ha aumentado la diversidad operativa y ha forzado a ingeniosos procesos de adaptación. 

• Se han detectado limitaciones complementarias en la infraestructura y nivel de equipamiento de los cuarteles, junto con  limitaciones en la disponibilidad de choferes rentados para las unidades vehiculares, lo cual a su vez reduce la disponibilidad operativa del CGBVP.

• Las máquinas de provincias presentan mayor antigüedad pues el 78% de sus 366 máquinas tienen más de 21 años; mientras que en el departamento de Lima el 69% de sus 213 máquinas tienen tal antigüedad.

Recientemente, el CGBVP ha obtenido una asignación de S/. 50 MM para equipamiento. A la luz de lo visto, ello es insuficiente.

1. El eje este-oeste no requiere mayor discusión. Sin embargo, la selección del trazo deberá privilegiar la captación de mayor demanda para amortizar costos, así como  mejorar  la movilidad en la superficie.  El eje  Carretera Central-Javier Prado-La Marina (desvío al aeropuerto) parece ser intuitivamente la mejor opción. No se debe olvidar que en este mismo trazo ya existe, desde hace varios años, un concesionario privado para el desarrollo de una vía expresa.

2. El pasaje urbano se determina en libre competencia  y tanto el Metropolitano como el tramo 1 del tren eléctrico  han tenido que adaptar su estructuración a dicho escenario. Además, es barato sobre todo si se lo compara con otras capitales latinoamericanas puesto que refleja primordialmente los costos operativos y la alta informalidad, y no incluye necesariamente la recuperación del capital invertido debido al exceso de oferta de vehículos de transporte público. El pasaje se negocia por distancia. “La china” existe para rutas cortas y tramos más largos son usualmente más caros. Ello es un reto para los nuevos sistemas masivos que han optado por  tarifas planas, pues pierden competitividad en tramos cortos,  al tiempo que fomentan la expansión horizontal de la ciudad antes que la densificación.

3. El componente de subsidio estatal será alto. Sabemos que la infraestructura será costosa y existe mucha variabilidad en la inversión (desde US$ 60 millones hasta más de US$100 millones por km en algunas experiencias) pero además, dado que el precio de mercado es  relativamente bajo, el componente de subsidio será, proporcionalmente, elevado.

4. El cronograma de implementación debe ser realista. Tenemos experiencia reciente (a nivel municipal y central)  de  obras de transporte masivo inconclusas y con problemas por cumplir  calendarios o apetitos electorales.

5. Es muy importante el análisis conjunto de la red de transporte. Temas claves son la integración tarifaria, la interconexión de los sistemas y la existencia de precios relativos consistentes para captar mayor demanda. La organización institucional entre Gobierno Central y dos gobiernos municipales (que a la vez son regionales) añade complejidad al reto.

6. El Metro dará a Lima una porción importante de los subsidios estatales. Sin embargo, no se debe olvidar que existen ciudades de alto crecimiento, pero más pobres que Lima, donde la oportuna intervención estatal puede evitar que se incuben problemas futuros de transporte urbano.

Ahora bien, además del concepto de la “competitividad de los países” es tanta o más importante la “competitividad empresarial”. Esta es la capacidad de elaborar un producto al  menor costo posible y, de esta forma, venderlo a menor precio que la competencia. Un aumento de competitividad es equivalente entonces a una expansión de la oferta, lo que resulta en una reducción del precio en el mercado.

• Una mayor participación efectiva del sector privado y académico.

• Mejor coordinación con Ceplan y ministerios sectoriales. Identificar junto a ellos las restricciones en agricultura, pesca, artesanía, industria, turismo, etc., para introducir metas en cada sector y no sólo metas transversales a los sectores productivos.

• Evaluar la pertinencia de una agencia de competitividad, que pueda ver directamente el tema de los clusters productivos en coordinación con los sectores involucrados.

• Articular los actuales programas de desarrollo productivo (32 programas en 6 ministerios).

• Incorporar al poder judicial y al ministerio de interior, claves en el marco institucional que afecta a las empresas.

Como ente normativo, el CNC debe encargarse (junto a Ceplan) de definir las estrategias de mediano y largo plazo para la mejora del desarrollo productivo del país. Estas políticas deberían ser conducidas luego por los ministerios sectoriales.